La Justicia zanja la guerra entre vigilantes de Seguridad y guardias civiles en el Ministerio de Transportes
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La Audiencia Provincial inadmite el recurso que habían interpuesto los trabajadores de la empresa privada
La Justicia pone punto y final a la lucha que los vigilantes de Seguridad, que se encargan del interior del complejo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), habían emprendido contra los guardias civiles que custodian el exterior por supuestos delitos de desobediencia, coacciones, amenazas y falsedad. Uno de los querellados era el subteniente José Luis Rodríguez García, detenido en el ‘caso Koldo’, quien fue grabado, tratando de pasar al ministerio a personas sin que fueran registradas en la entrada. La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, no cree que los hechos sean graves y ha apoyado el archivo de este asunto.
La pugna se remonta a un cambio en el organigrama de Seguridad de la etapa del exministro José Luis Ábalos, quien removió a un guardia civil para hacer depender ese área de un inspector de Policía. En mayo de 2023, el cuerpo dio un golpe en la mesa cuando el coronel jefe de la Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita remitió una orden “confidencial” al Ministerio (al frente ya estaba la ministra Raquel Sánchez) expresando que “desde junio de 2022, de forma continuada e intencionada, en contra de la legislación vigente”, el director de Seguridad había dado “órdenes a los vigilantes de seguridad privada contra los guardias civiles […] con el único objetivo de obstaculizar, cuando no impedir, el normal funcionamiento de los servicios que presta la fuerza pública en dichas instalaciones”.
En ese informe, que hablaba de “agresiones armadas contra las autoridades”, se permitía que los guardias pudieran entrar armados al recinto, algo que contravenía el propio protocolo interno del edificio. El Ministerio del Interior evitó intervenir en este asunto en todo momento, tanto a preguntas de este medio, como a las reiteradas peticiones de los sindicatos que veían que aquello se estaba convirtiendo en un polvorín.
La versión de los vigilantes de Seguridad distaba mucho de ser la misma. Para ellos, lidiar con el subteniente José Luis Rodríguez y los compañeros que trabajaban en Nuevos Ministerios era complicado, y el clima laboral llegó a ser tan irrespirable que hasta ocho vigilantes estuvieron de baja laboral a la vez. Las “amenazas verbales” que algunos denunciaron quedaron recogidas en grabaciones como la que publicó este medio.
Rodríguez: “Yo siendo el jefe de la sección, o sea de la sección que es la seguridad aquí, no me autoriza una empresa de seguridad privada a pasar un vehículo que yo digo que tiene que pasar. Eso es el mundo al revés. Veremos cómo termina esto”
Trabajador: “Perdón, no le autoriza el área de Seguridad que pertenece al Ministerio“
Rodríguez: “Correcto. Entonces, ocurre lo siguiente, como no quiero más escándalo ya aquí delante de esta persona porque no tengo que dar explicaciones de a qué viene. Viene a tomar un café o a otra cosa. Y me importa muy mucho el buen nombre y ese señor no tiene que saber lo que está pasando… pues le he dicho que se vaya a otro sitio y que curse una disculpa. Esto no va a pasar así. Si un mando viene por aquí yvosotros no me dejáis pasar o me lo impedís físicamente, mandaría a la Fuerza y os detendríapor impedir obstrucción del agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones (sic)”
–“Eso es así os lo digo para que lo sepáis. ¿Quién va siempre por delante? Los más débiles, que sois vosotros“
En este caldo de cultivo, un grupo de 12 vigilantes se juntaron para presentar una querella contra varios miembros del Instituto Armado con los que tenían que convivir en ese espacio. Pero el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid archivó el asunto en abril y la Audiencia Provincial de la capital acaba de avalar este paso. En un escrito, a la que ha tenido acceso El Independiente, los magistrados señalan que la pelea, en realidad, obedece a “un conflicto de competencias que debe ser resuelto en otro orden jurisdiccional, pero no en el penal”. Los togados reprochan que las acusaciones no revisten el más mínimo carácter punitivo y, de ser delitos leves, ya estarían prescritos. La Justicia zanja así el asunto y deriva a los afectados a otra ventanilla si quisieran iniciar un pleito contencioso.
El Subteniente Rodríguez
En cualquier caso, el subteniente Rodríguez permanece investigado en la Audiencia Nacional en el marco del conocido como ‘caso Koldo’. La Fiscalía Anticorrupción le confiere un papel de “máxima importancia” en la red fraudulenta de adjudicaciones de contratos de mascarilla durante la pandemia. “La vinculación observada entre Koldo García Izaguirre y José Luis Rodríguez conecta directa de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios”, dice el fiscal.
Según el sumario, el agente estaba encargado de una empresa de pizarras que la trama utilizaba para blanquear dinero. Las escuchas que ha practicado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron cómo él mismo confirmaba sus negocios. “Esto no es un dinero que he ahorrado yo de mis ahorros de toda la vida y lo estoy invirtiendo aquí, ¿Vale? No es eso, ni mucho menos, para que te hagas una idea, una de las empresas que ha capitalizado esto fue la que compró todas las mascarillas de España”, dijo según la investigación.
Se suman a las denuncias del pasado 12 de noviembre en el centro comercial Berceo
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