El trabajador relata la agresión, perpetrada por un pasajero y de la que culpabiliza directamente a la empresa: «Si hubiera cumplido el Reglamento, no habría pasado»
Un vigilante de seguridad del Grupo Sureste Seguridad que presta sus servicios en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas ha sido víctima de una agresión mientras se encontraba solo en el puesto, en plena huelga indefinida de la plantilla. El agresor ha sido un pasajero, aparentemente en estado de embriaguez, que le ha provocado lesiones por las que ha sido dado de baja médica durante un mes.
El propio afectado, miembro del sindicato Ates –convocante del parón–, ha detallado lo sucedido a sus compañeros en un audio de WhatsApp que la organización sindical ha reenviado a nuestra redacción. El trabajador relata con crudeza el incidente, del que culpabiliza directamente a la compañía.
«Esto es una de las consecuencias que venimos afrontando gracias a nuestra ‘querida’ empresa –dice con ironía–. Si hubiese estado con el compañero de patrulla, como dice el reglamento, no hubiese pasado esto«, asegura.
Según indica, llevaba más de un mes trabajando en solitario debido a la baja médica de su compañero. «La empresa nunca ha cubierto ese puesto, con lo que me han dejado a mí ahí solo. Y eso sin contar las veces que he estado yo solo para tres terminales, la 1,2 y 3. Es más de lo mismo, aunque para la empresa todo se desarrolla supuestamente con normalidad», denuncia.
No obstante, Sureste Seguridad habría reconocido que le faltan efectivos. Según declaraciones a Escudo Digital de Pablo Antonio Sanz, delegado sindical en la sección de Ates de Sureste Seguridad, admitió que necesita contratar al menos 30 vigilantes de manera indefinida, aunque Ates eleva la cifra a al menos 150, lo que supone un 30% más de los alrededor de 530 vigilantes que actualmente conforman la plantilla.
La agresión: un puñetazo en la cara y una fractura en un pie
El vigilante explica que el incidente se produjo en la puerta antirretorno Bravo 18, cuando intentaba reconducir a un pasajero a la vía pública para que gestionara un nuevo billete, cumpliendo con el protocolo impulsado por Aena en el horario nocturno, entre las 21 horas y las 05.00 horas, para desalojar a indigentes y a personas que no dispongan de tarjeta de embarque.
«El hombre estaba un poco ebrio y ahí, en la puerta, se puso agresivo. En todo momento le dije por las buenas que tenía que salir y lo que debía de hacer, pero él se negaba». Ante la negativa del individuo, el vigilante solicitó apoyo urgente a la Guardia Civil, pero la asistencia no llegó con la rapidez suficiente.
«Yo estaba intentando retenerle, pero se fue poniendo cada vez más y más agresivo. Y en un momento dado, mientras estaba contactando con el jefe de equipo e incluso con el CGA, me descuidé y me dio un puñetazo en la cara. Me rompió una parte de la ceja y me provocó una contusión bastante fuerte en la frente«, cuenta el trabajador.
Lejos de terminar ahí, la situación empeoró después de que el vigilante procediera a retener al individuo tirándole al suelo. «Le puse un grillete en una mano, pero en la otra me fue imposible porque oponía mucha resistencia. Y con esa misma mano que tenía libre aprovechó que yo tenía un pie por ahí suelto para cogérmelo y retorcérmelo, provocándome una fractura. Justo después es cuando apareció la Guardia Civil. Si hubiese llegado dos minutos antes nada de esto hubiera pasado…«, lamenta.
Hasta el lugar también se desplazaron los servicios médicos del aeropuerto, que realizaron una primera valoración al estado del vigilante, quien acto seguido prestó declaración ante la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia.
«Después de hacer todas las gestiones, estuve casi dos horas esperando a que viniera la ambulancia para llevarme a la mutua. Allí me hicieron una radiografía y me hicieron una evaluación a fondo de mis lesiones. Al final, me escayolaron el pie, me mandaron heparina que tengo que inyectarme para evitar la formación de trombos y me prescribieron un mes de baja médica, por el momento».
Tras relatar el incidente, el vigilante continúa su audio volviendo a arremeter contra Sureste Seguridad. «Insisto, si hubiera tenido un compañero de patrulla, como estipula el Reglamento, este incidente no hubiera pasado por la sencilla razón de que es más fácil reducir a alguien entre dos personas. En definitiva, he sufrido esta agresión por culpa de la inoperancia de la empresa y del abandono al que nos tienen sometidos. Espero que el sindicato –Ates– tome nota, porque este caso es digno de denunciar», remata.
¿Qué dice el Reglamento?
La normativa de seguridad privada establece que los servicios de vigilancia deben organizarse conforme a un plan de seguridad elaborado a partir de un análisis de riesgos, teniendo en cuenta las características de cada instalación. En el caso de los aeropuertos, esta planificación se concreta en el plan de seguridad aeroportuaria y en el contrato de vigilancia, donde se determinan aspectos como la frecuencia de rondas o la composición de patrullas.
Ni la Ley de Seguridad Privada ni su Reglamento imponen con carácter general que todos esos servicios se realicen en binomio, aunque esta práctica es habitual en entornos de alta complejidad como el aeropuerto de Madrid para reforzar la seguridad del trabajador y la eficacia operativa. Por tanto, si en Barajas el contrato o el plan de servicio especifica patrullas en pareja y la empresa no lo está cumpliendo, estaríamos ante un incumplimiento operativo, no ante una violación directa de una obligación legal universal.
¿Pueden los vigilantes expulsar a personas del aeropuerto?
Esta es una pregunta que está generando un amplio debate entre los vigilantes del aeropuerto de Barajas a raíz del comentado protocolo impuesto por Aena y de las sanciones que estaría aplicando Sureste Seguridad a quienes no lo cumplen. Juan Pablo Gómez, vicepresidente de la Unión Independiente de Trabajadores (UIT) –sindicato que respalda totalmente la huelga, como aclaró en una entrevista a Escudo Digital en la que desmintió a Sureste Seguridad–, calificó estas sanciones de «temerarias», ya que no está claro que los vigilantes tengan potestad legal para ejecutar esos desalojos. Una cuestión especialmente delicada que nos comprometimos a abordar, algo que ahora vamos a cumplir.
Conforme al Manual de Vigilancia en Aeropuertos de Código 101 y a la Ley de Seguridad Privada, los vigilantes pueden controlar accesos, verificar acreditaciones y requerir la salida de personas de zonas restringidas o privadas bajo su servicio, pero deben coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No tienen autoridad para realizar desalojos forzados en zonas públicas salvo en situaciones de riesgo inminente, flagrante delito o bajo orden expresa de la autoridad competente.
En esta línea, la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional ha desmentido recientemente –a raíz de un bulo difundido en redes sociales– que los vigilantes tengan competencias policiales como detener, cachear o requisar objetos sin base legal, recordando que esas funciones no están amparadas por la Ley de Seguridad Privada.
En el caso del vigilante agredido, su actuación se ajustó a la normativa: intentó reconducir al pasajero, pidió apoyo policial y recurrió a la inmovilización únicamente tras sufrir una agresión física.
La huelga se recrudece: presión y amenazas
La agresión se ha producido en medio de la huelga indefinida que los vigilantes de Sureste Seguridad desarrollan desde el pasado 28 de agosto. Como preveía Ates antes de que se iniciara, apenas está causando impacto en la operatividad del aeropuerto, dados los servicios mínimos del 100% impuestos por la Delegación del Gobierno. Pero los trabajadores mantienen su protesta, mientras la compañía está endureciendo las condiciones laborales, según nos informan desde Ates.
«La empresa nos está presionando cada día más. En los puestos exteriores, han decretado duplicar las tareas de un puesto para dar prioridad al paso de vehículos por las colas que se forman, y ahora los vigilantes tienen que esperar a que les releve una patrulla de exteriores con vehículo para poder tomarse sus descansos, ir a comer o incluso para ir al baño. Y si se cierra algún vial, hay amenaza de sanción«.
La situación ha generado un clima de tensión e indignación de la que ya hemos dado cuenta en artículos anteriores y que se está agravando cada vez más. Según el vicepresidente de UIT, el absentismo por bajas médicas se sitúa en torno al 30% y la empresa está teniendo serias complicaciones para contratar nuevos efectivos. «Tendría que ofrecer los incentivos que sean necesarios para captar personal», señala Gómez.
En este contexto, la agresión a un vigilante se convierte en un episodio que ilustra las carencias de personal y los riesgos que denuncia la plantilla desde hace meses. Tal como hemos informado previamente, una de las principales reivindicaciones del comité de huelga es el incremento de la plantilla, además del incumplimiento del convenio y de la ley de prevención de riesgos laborales, y un plus salarial adicional. De momento, la empresa sigue sin ceder en sus pretensiones y no da ningún síntoma de cambiar su postura.
Los vigilantes de Trablisa se suman a la huelga
El personal de Sureste Seguridad no es el único que está enfrentado con su empresa. También lo están los vigilantes de Trablisa, responsables de los filtros de pasajeros, que este domingo van a iniciar una huelga indefinida y a jornada completa, después de que la compañía no se presentará al acto de mediación. Tampoco ha emitido ningún comunicado, como previsiblemente iban a hacer, según nos comentó un responsable de su departamento de comunicación, quien nos confirmó la protesta.
Al igual que sus compañeros de Sureste Seguridad, también reclaman un plus específico, así como la creación de un Comité de Centro para mantener una relación más directa con la empresa, un complemento por absentismo dirigido a quienes no registren faltas en el mes y que las bajas médicas no generen déficit de jornada.
La confluencia de ambas huelgas pone en entredicho las condiciones de los profesionales de seguridad privada, que denuncian las carencias de un sector que favorece el surgimiento de mafias de explotación, mientras las instituciones miran a otro lado.
